Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles y delitos en materia de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución se emitió tras dos días de audiencia, luego de que el Ministerio Público Federal presentara pruebas que, a consideración del juez, son suficientes para continuar con la investigación, sin que ello represente una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los imputados.
De acuerdo con la FGR, Ruffo Appel, junto con Ricardo “N” y José “N”, enfrentará cargos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Otros cinco implicados también fueron vinculados por diversos delitos relacionados con la investigación.
Te puede interesar: Abaten a “El Topo”, presunto jefe de una cédula del CJNG, en Colima
Como medida cautelar, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para el exmandatario y cuatro de los acusados, quienes permanecerán recluidos en el penal federal del Altiplano. Dos imputados cumplirán la medida en prisión domiciliaria por sus condiciones particulares, mientras que otra persona permanecerá internada en un centro penitenciario del Estado de México.
La investigación señala que la presunta red introducía combustibles al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, reportando menores volúmenes o clasificando los cargamentos como otros productos para evadir impuestos y controles fiscales.
El caso deriva del aseguramiento de 129 carrotanques con alrededor de 15.5 millones de litros de gasolina y diésel realizado en Coahuila durante julio de 2025. En la carpeta de investigación figura la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo Appel ha reconocido ser socio. La FGR sostiene que la compañía habría participado en operaciones de importación con irregularidades para evitar el pago de contribuciones.
La investigación continuará en su siguiente etapa, mientras los ocho imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
(WCLS)
