Durante los primeros dos años de la actual administración federal, 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos relacionados con presuntos actos de corrupción, informó Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que en este periodo se presentaron 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra servidores públicos. Entre los delitos identificados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
En materia administrativa, la dependencia reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados: 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves.
Entre las principales irregularidades detectadas están la autorización de pagos indebidos, la sustracción de información bajo resguardo, pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, compras injustificadas, falsificación de documentos y casos de hostigamiento o acoso sexual.
¿Cuánto dinero dice haber protegido el Gobierno?
Buenrostro señaló que las acciones de prevención y control permitieron proteger alrededor de 83.8 mil millones de pesos.
De acuerdo con el desglose presentado, 29 mil millones corresponden a mejoras en procesos de compra; 42.2 mil millones, al seguimiento de contratos; 4.8 mil millones, a sanciones, y 7.8 mil millones, a medidas de eficiencia en la organización gubernamental.
La Secretaría también informó que 1,737 servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); de ellos, 87 ya fueron notificados de una sanción y mil 650 expedientes continúan en proceso.
En cuanto a particulares, se reportaron sanciones contra 286 personas morales. De ellas, 222 fueron inhabilitadas y multadas, mientras que 64 recibieron únicamente multas, con una recaudación de 147.3 millones de pesos.
Además, se impusieron 118.5 millones de pesos en sanciones por infracciones relacionadas con datos personales, correspondientes a 51 casos.
Buenrostro explicó que algunas faltas administrativas también pueden constituir delitos, por lo que los expedientes son turnados a la FGR para las investigaciones penales correspondientes.
