Las grandes causas de un país no deberían reconocer colores, ideologías ni diferencias políticas. Hay momentos en los que una nación está llamada a hablar con una sola voz, y uno de ellos ocurre cuando la vida y la dignidad de sus ciudadanos están en riesgo.
Ese fue el mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum llevó este lunes a la conferencia matutina. Más allá del anuncio de acciones legales por las muertes de mexicanos bajo custodia y durante operativos migratorios en Estados Unidos, hizo un llamado que merece detenerse a escuchar: convocó a los partidos políticos, al Congreso de la Unión, a las organizaciones de migrantes, a las asociaciones civiles, a los organismos defensores de derechos humanos y, en general, a todas y todos los mexicanos a cerrar filas en defensa de nuestros connacionales.
No fue una convocatoria partidista. Fue una invitación a construir una causa nacional.
La Presidenta dejó claro que la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en el exterior no corresponde únicamente al Gobierno de México. Es una responsabilidad que involucra a las instituciones, a la sociedad organizada y a quienes creen que ninguna persona debe perder la vida o ser víctima de abusos por su condición migratoria.
El anuncio estuvo acompañado de una ruta jurídica y diplomática. El Gobierno de México presentará denuncias ante las autoridades estadounidenses por las muertes de connacionales registradas bajo custodia de ICE y durante operativos migratorios; además, promoverá acciones legales contra empresas privadas encargadas de administrar centros de detención y buscará el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.
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Más allá de las acciones legales, el mensaje político fue contundente: la defensa de los mexicanos debe convertirse en una política de Estado respaldada por toda la Nación.
México mantiene una de las comunidades migrantes más importantes del mundo. Millones de mujeres y hombres trabajan todos los días en Estados Unidos, fortaleciendo no sólo a sus familias mediante las remesas, sino también a sectores fundamentales de la economía de ambos países. Hablar de ellos no es referirse a una estadística; es hablar de personas cuya dignidad merece ser protegida en cualquier territorio.
El llamado presidencial también representa una oportunidad para fortalecer la unidad nacional alrededor de un principio universal: los derechos humanos no tienen nacionalidad, condición migratoria ni afiliación política. Son inherentes a toda persona.
En tiempos donde la polarización suele dominar la conversación pública, construir coincidencias también es una forma de hacer política. Y quizá pocas causas logren unir tanto a México como la defensa de quienes, aun viviendo lejos de su tierra, siguen llevando el nombre del país en cada jornada de trabajo y en cada esfuerzo por salir adelante.
Porque cuando se vulneran los derechos de una mexicana o un mexicano, la respuesta no puede dividirse entre gobiernos, partidos o ideologías. Debe surgir de una convicción compartida: que la dignidad de nuestros connacionales merece ser defendida siempre, sin importar de qué lado de la frontera se encuentren.
Por: Graciela Bravata
