Bajo la Ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional 11/2025, promovida por el Municipio de Mérida en contra del Congreso de Yucatán, relativa a las tablas de valores catastrales que sirven de base para el cobro del impuesto predial, en la Ley de Hacienda Municipal.
La Ministra Esquivel Mossa subrayó que en este tipo de asuntos no basta un análisis técnico, sino que también deben considerarse los efectos sociales de las contribuciones.
Destacó que el Congreso local no aprobó la propuesta municipal tomando en cuenta factores como la equidad tributaria, la gradualidad en la actualización de valores y el impacto que fenómenos como la gentrificación pueden generar en distintos sectores de la población.
El proyecto aprobado concluyó que la decisión del Congreso yucateco respondió a una política pública razonable y objetivamente motivada, orientada a evitar cargas regresivas y garantizar la proporcionalidad y equidad en el sistema tributario local, en atención al impacto distributivo de una actualización inmediata en zonas sujetas a gentrificación y con rezagos de actualización técnica.
Los integrantes del Pleno destacaron la necesidad de recomendar al órgano legislativo demandado desarrollar una metodología en la que, de manera conjunta con el Municipio, se analice el fenómeno del impacto social derivado del alto costo en la especulación urbana.
En consecuencia, la SCJN determinó declarar procedente e infundada la controversia constitucional, reconociendo la validez de la reforma contenida en el Decreto 29/2024 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán el 30 de diciembre de 2024.
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