Contratos millonarios, empresas vinculadas entre sí y movimientos de dinero sin una relación comercial aparente forman parte de los indicios expuestos este jueves en la mañanera sobre la red de proveedores electorales ligada a los hermanos José Alfredo y Raimundo Francisco Hernández Casillas, cuyos antecedentes se remontan al menos a 27 años.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó cuentas a partir de una solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sostuvo que las investigaciones deben esclarecer el funcionamiento completo de esta estructura y determinar las responsabilidades de quienes hayan participado.
Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que entre 2014 y 2023 las empresas relacionadas con este grupo recibieron contratos por más de dos mil millones de pesos en 23 organismos públicos locales electorales.
Advirtió que esa cifra representa un punto de partida: la revisión se realizó con información pública y los montos podrían aumentar conforme avancen las auditorías y se conozcan operaciones que no fueron publicadas.
Distintas empresas, los mismos intereses
Según la exposición, compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas participaban en una misma licitación y presuntamente acordaban sus propuestas para definir cuál presentaría el precio ganador. La competencia quedaba, así, bajo sospecha de ser una simulación.
Buenrostro señaló coincidencias de domicilios, teléfonos, socios y representantes, además de empresas sin empleados declarados o sin capacidad técnica identificada. También describió una dispersión sucesiva de recursos entre distintas compañías que dificultaría conocer al beneficiario final.
La investigación presentada ubicó los antecedentes laborales de los empresarios en la Secretaría de Gobernación y posteriormente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, vinculados con Juan Carlos Padilla Aguilar. Después de su paso por el servicio público comenzaron a constituir empresas y a participar como proveedores electorales.
Los registros más antiguos localizados sobre esas contrataciones corresponden a 1999, en el Estado de México. Buenrostro recordó que en 2005 un escándalo relacionado con contratos de este grupo derivó en la renuncia de siete consejeros electorales de esa entidad.
UIF: nombres reservados y montos pendientes
El titular de la UIF aclaró que todavía no se conoce el número total de cuentas inmovilizadas ni los recursos involucrados. Explicó que la medida se aplica a personas físicas o morales y posteriormente las instituciones bancarias informan cuántas cuentas tienen y qué montos concentran.
También indicó que los nombres de las personas incluidas en la lista de bloqueo son reservados y que la existencia de una investigación impide divulgar información del expediente.
Entre los indicadores de riesgo mencionó dinero que permanece poco tiempo en una cuenta antes de ser transferido, así como movimientos hacia personas sin una actividad comercial aparente que justifique esas operaciones, incluidos estudiantes y adultos mayores.
Precisó que el análisis reúne diversos indicadores y que las revisiones sobre este grupo tienen antecedentes: durante la gestión de Pablo Gómez ya se habían realizado bloqueos y presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Sheinbaum señaló que hasta el momento no se ha encontrado una vinculación con algún grupo delictivo. Explicó que se investigan posibles operaciones de lavado relacionadas con recursos provenientes de contratos y transferidos posteriormente entre distintas cuentas.
La UIF, por su parte, puntualizó que auxilia al Ministerio Público con análisis financieros en investigaciones sobre diversos delitos que involucran recursos económicos.
El caso rebasa una administración
La presidenta rechazó que las indagatorias se limiten a la gestión de Guadalupe Taddei. Recordó que fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 por el Consejo General del INE encabezado por Lorenzo Córdova.
Cuestionó que durante ese periodo las contrataciones se concentraran en los mismos proveedores y pidió revisar qué controles se aplicaron para impedirlo.
También señaló la participación actual de Padilla Aguilar en Somos, como parte de su exposición sobre las relaciones políticas y laborales de quienes aparecen en los antecedentes de la red.
Sobre posibles delitos o sanciones, Sheinbaum evitó anticipar conclusiones: corresponderá a la ASF, la UIF y las autoridades ministeriales determinar qué conductas se acreditan y qué procedimientos deben seguirse.
Buenrostro añadió que se revisa si estas empresas tuvieron contratos con la administración pública federal; hasta lo expuesto en la conferencia, no se habían localizado. Aclaró que cualquier inhabilitación requiere el procedimiento correspondiente.
Transparencia y custodia de boletas rumbo a 2027
Sheinbaum sostuvo que esclarecer las contrataciones y fortalecer los controles es necesario para dar certeza a las elecciones de 2027.
Planteó que el INE y los organismos electorales estatales establezcan reglas claras de compra, precios de referencia y mayor apertura a fabricantes, particularmente para materiales como urnas y mamparas.
En el caso de las boletas, subrayó que debe transparentarse todo el proceso, desde su fabricación y cadena de custodia hasta la entrega.
La mandataria anunció que la próxima semana presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México, modernizar sus equipos y ampliar la participación institucional y ciudadana en su vigilancia.
El seguimiento tendrá dos frentes: esclarecer el destino del dinero y las posibles responsabilidades por los contratos investigados, y corregir los mecanismos de compra para evitar que la producción de materiales electorales vuelva a concentrarse bajo esquemas de competencia simulada.
Graciela Bravata
