La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que establece el requisito de contar únicamente con la nacionalidad mexicana para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La modificación a los artículos 82, 116 y 122 fue aprobada en lo particular con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, después de un debate que se prolongó durante casi 11 horas. El dictamen fue enviado al Senado de la República, donde continuará su proceso legislativo.
La propuesta fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos a alguno de estos cargos.
¿Qué cambiaría?
De aprobarse definitivamente, quienes ejerzan la Presidencia o una gubernatura tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad durante su mandato. Además, quedarían impedidos para utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro Estado o acogerse a su protección diplomática.
La reforma no elimina la doble nacionalidad para los mexicanos en general. La restricción está dirigida específicamente a quienes busquen ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo federal y estatal, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Un debate entre Morena y oposición
Durante la discusión, Morena y sus aliados defendieron la medida bajo el argumento de que quienes gobiernen México deben mantener un único vínculo jurídico y político con el país.
La oposición, en cambio, cuestionó que la reforma pueda afectar los derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con doble nacionalidad. El PAN también propuso que el Estado mexicano intervenga en los trámites de renuncia ante otros países, debido a que estos procesos podrían depender de autoridades extranjeras. La propuesta no fue incorporada al dictamen.
¿Qué sigue?
El proyecto será analizado ahora por el Senado. Si obtiene la mayoría calificada requerida, todavía tendrá que ser aprobado por la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para concretarse como reforma constitucional.
El régimen transitorio establece que las nuevas disposiciones serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes ya estén ejerciendo los cargos cuando entre en vigor la reforma.
JCSC