Luisa María Alcalde presentó dos aclaraciones durante la conferencia matutina: los requisitos de nacionalidad para ocupar una gubernatura y el alcance de la disposición que sanciona la suplantación de instituciones públicas para cometer delitos.
Sobre el primer asunto, explicó que el artículo 116 constitucional exige ser ciudadano mexicano por nacimiento, además de cumplir las condiciones de origen o residencia y edad previstas para el cargo.
Precisó que esa nacionalidad no corresponde exclusivamente a quienes nacieron dentro del territorio nacional. El artículo 30 incluye a las personas nacidas en el extranjero que tienen madre o padre mexicanos, entre otros supuestos.
Respecto a la reforma sobre doble nacionalidad, informó que había sido aprobada por ambas cámaras y por 20 legislaturas estatales. Señaló que establece la renuncia a la nacionalidad extranjera antes de solicitar el registro electoral para los cargos señalados y que su aplicación está prevista a partir del proceso correspondiente a 2028.
Al responder sobre la senadora de Nayarit mencionada en la conferencia del día anterior, indicó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, renunció a su doble nacionalidad desde 2018.
En el segundo tema, rechazó que las modificaciones difundidas como una supuesta “ley antimemes” tengan por objeto castigar la crítica, el humor o la sátira.
Explicó que el artículo presentado contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil unidades de medida y actualización por utilizar, reproducir, imitar o incorporar a escala comercial elementos de identidad institucional para inducir al engaño con intención de cometer un ilícito.
Entre los ejemplos mencionó páginas que se hacen pasar por personal del IMSS para ofrecer recálculos de pensiones a cambio de depósitos, así como comunicaciones falsas atribuidas a dependencias federales para exigir pagos.
Alcalde insistió en que la conducta descrita requiere intención de engañar y de cometer un delito mediante una falsa identidad gubernamental.
Sheinbaum reforzó la explicación con los casos de videos elaborados con inteligencia artificial que utilizan su imagen o la de otros servidores públicos para promover inversiones fraudulentas. Señaló que la disposición busca dar herramientas para sancionar esas prácticas y proteger a quienes resulten afectados.
Graciela Bravata
