El Consejo de Ministros de España aprobó este martes dos reales decretos ley para introducir nuevas medidas en materia de vivienda, después de negociaciones entre los integrantes del Gobierno de coalición. Ambos textos deberán superar ahora su convalidación en el Congreso.
La aprobación se produce además en medio de una creciente movilización ciudadana por la crisis de vivienda en España. Uno de los casos que intensificó el debate fue el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo con un contrato de renta antigua en una vivienda del barrio de El Retiro, en Madrid. Su situación impulsó nuevas protestas y reivindicaciones por una mayor protección de los inquilinos, entre ellas una acampada en la Puerta del Sol. El propio Gobierno vinculó parte del primer decreto con la intención de reforzar las garantías frente a casos de desahucio como este.
El primer paquete establece una prórroga extraordinaria y obligatoria de dos años para determinados contratos de alquiler vigentes que venzan antes de finales de 2028. También amplía hasta 2030 las medidas de protección frente a desahucios y aborda la regulación de alquileres de temporada y habitaciones.
¿Qué otras medidas se plantean?
Entre las disposiciones figura una línea de crédito sin intereses que podría cubrir hasta el 20% del precio de una primera vivienda, con un máximo de 50 mil euros. También se contemplan incentivos fiscales para determinados inquilinos y propietarios, así como medidas relacionadas con viviendas turísticas y determinadas compras de inmuebles por fondos.
El Gobierno decidió separar en un segundo decreto la propuesta para establecer la renovación automática de los contratos de alquiler bajo determinadas condiciones. Esta iniciativa afronta un escenario parlamentario diferente al del primer paquete y todavía requiere negociaciones para conseguir los apoyos necesarios.
Los dos decretos serán sometidos a votación por separado. El Ejecutivo solicitó al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este viernes para decidir sobre su convalidación; por tanto, las medidas aún dependen del respaldo parlamentario para consolidarse.
JCSC
