Una propuesta legislativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México busca establecer penas de cinco a 12 años de prisión contra quienes utilicen ilegalmente energía eléctrica para operar equipos destinados a la minería de criptomonedas. La iniciativa, impulsada por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, pretende reformar el Código Penal Federal para combatir el denominado “huachicol eléctrico”.
El proyecto plantea incorporar el artículo 368 Sextus al Código Penal Federal, con sanciones dirigidas a quienes aprovechen, comercialicen o alteren sin autorización la electricidad del Sistema Eléctrico Nacional para alimentar centros de procesamiento digital. Además de las penas de prisión, se contemplan multas de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como el decomiso de los equipos utilizados para cometer el delito.
Las sanciones podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento cuando se detecten conexiones clandestinas a líneas de media o alta tensión, afectaciones importantes al suministro eléctrico o instalaciones informáticas que operen de manera oculta. Bajo estas circunstancias, la pena máxima podría alcanzar los 18 años de cárcel. El legislador argumentó que el elevado consumo energético de estas actividades representa un riesgo para la infraestructura eléctrica cuando se realiza mediante conexiones ilegales.
De acuerdo con las cifras citadas en la propuesta, entre enero y julio de 2024 la Comisión Federal de Electricidad registró pérdidas no técnicas equivalentes a 6 mil 346 gigavatios-hora, con un valor estimado de 13 mil 800 millones de pesos, derivadas de distintas irregularidades en el consumo de energía. La iniciativa continúa en análisis legislativo y todavía no ha sido aprobada. Cabe señalar que la minería de criptomonedas no está prohibida en México; la reforma busca sancionar específicamente el uso ilícito de electricidad para desarrollar esta actividad.
