La elección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó un retraso luego de que Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) no alcanzaran un acuerdo sobre las condiciones de la convocatoria. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció que el documento, cuya publicación estaba prevista para este miércoles 4 de noviembre, será presentado hasta la próxima semana. El legislador explicó que busca construir un consenso entre las fuerzas políticas para garantizar un proceso de designación transparente, tras la renuncia de Guadalupe Taddei y los señalamientos de presuntas irregularidades administrativas durante su gestión.
El coordinador de Morena detalló que el PAN presentó aproximadamente ocho observaciones a la propuesta original, algunas relacionadas con disposiciones constitucionales que deberán ser revisadas por los legisladores. Ante esta situación, la convocatoria podría publicarse entre el 13 y 14 de noviembre, mientras que la votación para designar a la nueva titular, inicialmente contemplada entre el 7 y 9 de diciembre, también podría modificarse. Monreal reconoció que existen diferencias y desconfianza entre los partidos, aunque sostuvo que privilegiará los acuerdos antes de recurrir a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados. Por su parte, el coordinador panista, Elías Lixa, insistió en que el procedimiento debe garantizar transparencia, publicidad y escrutinio público.
De manera paralela, el INE prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades en contratos otorgados a empresas proveedoras durante la administración de Taddei. Las diez consejerías electorales respaldaron la revisión de los procedimientos administrativos, mientras que la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, informó que los equipos jurídicos trabajan en la integración de la denuncia. La investigación podría involucrar a exfuncionarios de la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y otras áreas directivas, aunque corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si existen elementos para establecer responsabilidades.
Además, las consejerías analizan solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria de los procesos de adquisición y contratación del instituto, que podría extenderse a administraciones anteriores. El Consejo General también contempla medidas para fortalecer la colaboración con las autoridades encargadas de investigar posibles irregularidades. Mientras continúa el proceso de revisión, la Cámara de Diputados deberá definir los mecanismos y plazos para nombrar a la nueva presidenta del INE, en un escenario marcado por las diferencias partidistas y la exigencia de esclarecer el manejo de los recursos públicos, sin que hasta el momento se hayan acreditado responsabilidades penales.
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JCSC
