La actuación de las fuerzas de seguridad durante una manifestación por agua contaminada en Guadalajara provocó un llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar posibles violaciones a los derechos humanos. La relatora especial Gina Romero expresó su preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos que participaron en la movilización del pasado 11 de octubre.
La protesta reunió a miles de habitantes del área metropolitana de Guadalajara, quienes exigían soluciones ante la mala calidad del agua que reciben en sus viviendas. Aunque la concentración comenzó de manera pacífica, posteriormente se registraron enfrentamientos, personas lesionadas y detenciones. Entre los señalamientos destacan el presunto empleo de gases lacrimógenos, balas de goma y otros mecanismos de dispersión, así como arrestos considerados arbitrarios por familiares y organizaciones civiles.
Ante los hechos, Romero solicitó a las autoridades mexicanas realizar investigaciones independientes y oportunas para determinar si existieron abusos, malos tratos o vulneraciones a las libertades fundamentales. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció deficiencias graves en el operativo policial y aseguró que los agentes responsables de conductas violentas deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.
De acuerdo con los reportes, 39 personas fueron detenidas durante los disturbios, de las cuales 32 recuperaron su libertad en los días posteriores. Los siete hombres restantes fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, acusados de presuntas lesiones contra policías y resistencia a la autoridad. Sus familiares y representantes legales rechazaron los señalamientos y denunciaron irregularidades en las detenciones, por lo que solicitaron garantizar el debido proceso.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) también exigió que se respeten los derechos de las personas detenidas y se investiguen las denuncias de violencia policial. Mientras tanto, las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones sobre el operativo, en medio de los cuestionamientos por la respuesta de seguridad frente a una manifestación ciudadana relacionada con el acceso al agua potable.
JCSC
